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viernes, 2 de septiembre de 2016

Garbín será juzgada en febrero por prevaricación en el 'caso Abogados'

Garbín, a la entrada de los juzgados, dándolo todo.

María Antonia Garbín, ex consejera de Bienestar Social de Melilla y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de la ciudad, se sentará en el banquillo el próximo mes de febrero. La Fiscalía y las acusaciones populares le responsabilizan de un presunto delito de prevaricación continuada por la contratación de abogados externos a la Administración. El Ministerio Fiscal solicita para ella 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Junto a la política del Partido Popular, le acompañarán también como acusados los directores generales y secretarios técnicos de Bienestar Social que participaron en las supuestas contrataciones ilegales y los propios letrados beneficiados. El macro juicio con 14 encausados, el primero del llamado ‘caso Abogados’, comenzará en febrero y transcurrirá durante 15 días en la sala de vistas de la Audiencia Provincial.

Garbín eludió la legislación vigente en materia de contratación pública. Lo hizo “a sabiendas de su injusticia” y con el “respaldo y connivencia” de directores generales y secretarios técnicos de la Consejería de Bienestar Social, según la Fiscalía de Melilla. Por ello se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero. El Juzgado de lo Penal número 1 ha señalado los días concretos en los que se celebrará el juicio. Será entre el 2 de febrero y el 31 de marzo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial.
Garbín, junto a su abogada, en una visita a
los juzgados.

La Fiscalía sostiene que la ex consejera y portavoz del PP en la Asamblea de Melilla cometió un delito continuado de prevaricación al contratar, durante 10 años, a los mismos cuatro abogados de forma supuestamente ilegal. Lo hizo firmando 91 contratos menores con los cuatro abogados “sin publicidad, sin objetividad y transparencia”.

Funcionarios de alto nivel
La Fiscalía en su escrito de acusación detalló que varios directores generales de Bienestar Social emitieron informes de necesidad en los expedientes de contratación de los abogados “a sabiendas de que con esa decisión contravenían la legalidad administrativa vigente y en particular la prohibición de fraccionamiento”.

Mientras tanto, la labor de los secretarios técnicos del área fue dar apariencia de legalidad a los procedimientos administrativos. Según el Ministerio Fiscal, “acomodaron de forma torticera la realidad de la Consejería” emitiendo informes jurídicos. Con su actuación, “a sabiendas de que resultaba injusto”, contribuyeron “a eludir los procedimientos ordinarios de contratación y sus mayores fórmulas de control por parte de la Intervención”.

Aunque la Fiscalía no pide penas para los letrados contratados de forma supuestamente ilegal, Manos Limpias y la Asociación Libre de Abogados, acusaciones populares, solicitan para ellos 4 años de inhabilitación para empleo o cargo público. En total serán juzgadas 14 personas durante 15 días de juicio entre febrero y marzo de 2017.

Caso Abogados
El juicio contra María Antonia Garbín es el primero del llamado ‘Caso Abogados’, una investigación que abarca numerosas contrataciones de letrados en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se trata de la misma instrucción judicial que llevó al presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda al Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, la causa fue archivada por la prescripción del supuesto delito y con la oposición de la Fiscalía del Alto Tribunal.

El ‘caso Abogados’ sigue en instrucción dividido en varias piezas separadas. Una de las más avanzadas, y cuyos detalles aún no han trascendido a la opinión pública, afecta al despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo y a María José Gómez, secretaria general de la Delegación del Gobierno de Melilla.